http://www.dx.doi.org/10.14718/ACP.2018.21.1.12
Maite Beramendi
Elena Zubieta*
Universidad de Buenos Aires - CONICET, Buenos Aires, Argentina
* Gral. Juan Lavalle2353. Código Postal:C1052AAA.Tel: 0054 0114952 - 5481.
maiteberamendi@gmail.com , elenazubieta@hotmail.com
Recibido, mayo 23/2017
Concepto de evaluación, junio 23/2017
Aceptado, agosto 31/2017
Referencia: Beramendi, M. & Zubieta, E. (2018). The factorial validation of the normative system perception scale: A proposal to analyze social transgression. Acta colombiana de Psicología, 21(1), 249-259. doi: http://www.dx.doi.org/10.14718/ACP.2018.21.1.11
Resumen
En Argentina, al igual que en el resto de América Latina, la percepción de la transgresión y la falta de legitimidad institucional son creencias compartidas. Además, la tendencia a realizar prácticas ilegales corroe el desarrollo político, económico y social de un país. Teniendo esto en cuenta, los objetivos del presente estudio fueron validar la estructura de la Escala de Percepción del Sistema Normativo (EPSN) y describir la percepción del funcionamiento del sistema normativo, con una muestra compuesta por 508 participantes argentinos. Para esto se diseñó un cuestionario autoadministrado con la escala EPSN y preguntas sobre datos sociodemográficos. Los resultados muestran una buena bondad de ajuste y coeficientes de fiabilidad que indican una consistencia interna satisfactoria (a = .89), y los análisis descriptivos dan cuenta de que los participantes presentan una percepción negativa del funcionamiento del sistema normativo y, específicamente, que las mujeres tienen una perspectiva más negativa del funcionamiento del sistema normativo que los hombres, y que los participantes posicionados ideológicamente a la derecha son más críticos que los de izquierda.
Palabras clave: Legitimidad, normas, transgresión.
Abstract
In Argentina, like in the rest of Latin America, the perception of transgression and lack of institutional legitimacy are shared beliefs. This tendency to illegal practices corrodes the political, economic and social development of the country. The goals of this study are to validate the structure of the Normative System Perception Scale (EPSN, for its Spanish acronym) and to analyze the perception of the normative system functioning. The sample consisted of 508 Argentinean participants. A self-administered questionnaire with the Normative System Perception Scale and socio-demographic data was designed. Results show a good goodness-of-fit of the model and the reliability coefficients indicated satisfactory levels of internal consistency (a = .89). The descriptive analysis showed that participants had a negative perception of the normative system performance. Also the findings exhibit that women have a more negative perspective of the normative system than men, and that participants ideologically positioned on the right are more critical than those who are positioned on the left.
Key words: Legitimacy, norms, transgression.
Resumo
Na Argentina, assim como em toda a América Latina, a percepção da transgressão e da falta de legitimidade institucional são crenças compartilhadas. Além disso, a tendência a realizar práticas ilegais corrói o desenvolvimento político, econômico e social de um país. Nesse sentido, os objetivos deste estudo foram validar a estrutura da Escala de Percepção do Sistema Normativo (EPSN) e descrever a percepção do funcionamento do sistema normativo, com uma amostra de 508 participantes argentinos. Para isso, desenhou-se um questionário autoadministrado com a escala EPSN e dados sociodemográficos. Os resultados mostram uma bondade de ajuste e coeficientes de confiabilidade que indicam uma consistência interna satisfatória (a=.89), e as análises descritivas evidenciam que os participantes têm uma percepção negativa do funcionamento do sistema normativo e, especificamente, que as mulheres têm uma perspectiva mais negativa do funcionamento do sistema normativo do que os homens; além disso, os participantes posicionados ideologicamente à direita são mais críticos que os posicionados à esquerda.
Palavras-chave: Legitimidade, normas, transgressão.
INTRODUCCIÓN
Toda sociedad requiere de un sistema institucional que posea normas predecibles que regulen la interacción social (Schmidt & Tomasello, 2012); dichas normas, gestionadas por el funcionamiento institucional, poseen diferentes estatus que coexisten y organizan la interacción social (Epstein, 1997). Uno de los problemas que surge de un mal funcionamiento institucional es la transgresión normativa, que incluye una amplia serie de comportamientos que van desde pequeñas desviaciones hasta conductas abiertamente delictivas que tienen en común el incumplimiento de las expectativas colectivas acerca del correcto funcionamiento de la sociedad (Rottenbacher & Schmitz, 2012).
En Argentina, la transgresión es una práctica cotidiana y arraigada, por lo que se usa comúnmente el concepto de cultura de la transgresión argentina para describir todo tipo de desobediencia que vaya desde el incumplimiento de normas de convivencia hasta la ejecución de actos de corrupción política (Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano, 2013; Hernández, Zovatto, & Mora y Araujo, 2005; Kurtzman & Yago, 2009; Nino, 2005; Puy, 2011; Rossignolo, 2012; Solari, 2010; Transparency International, 2015; Zommer, 2006).
Considerando este escenario, y teniendo en cuenta que la transgresión es percibida como un patrón socialmente compartido y generalizado, Beramendi (2014) desarrolló un modelo integral y sistémico para analizar el funcionamiento normativo a nivel social y diseñó la Escala de Percepción del Sistema Normativo para evaluarlo (Beramendi & Zubieta, 2014).
En este modelo, el sistema normativo es conceptuali-zado como un organismo complejo que incluye no solo las normas, sino las instituciones y agentes que las promueven, respaldan y controlan, así como las creencias y prácticas de los ciudadanos relacionadas con ellas (Beramendi & Zubieta, 2014). Específicamente, esta propuesta considera tres variables fundamentales para entender el funcionamiento del sistema normativo: la percepción de legitimidad, la percepción de transgresión y la percepción de debilidad normativa (Beramendi & Zubieta, 2014).
Percepción de legitimidad
Existen dos tipos de juicios de justicia que influyen en la percepción de la legitimidad institucional: la justicia distributiva y la procedimental (Tyler, 2000). La justicia distributiva -que depende de las políticas de distribución del Estado que recaudan y distribuyen los bienes a través de órganos centralizados (Castillo, 2010)- examina lo que la gente cree que es un resultado justo a partir de la distribución de los recursos (Giraldo & Benítez, 2011). En las economías de libre mercado, las normas de distribución son influenciadas en su mayor parte por principios que enfatizan factores individuales como el logro y el mérito (Kelley & Zagorski, 2004), sin embargo, las normas son eficaces cuando las personas las aceptan y creen que los resultados son producto de un juicio justo, aunque obtengan menos de lo que desean (Tyler, 2010).
Cuando los ciudadanos observan que el gobierno desempeña un papel fundamental en la regulación de la economía y la protección de los más necesitados (y que los ciudadanos tienen igualdad de oportunidades), sienten que el proceso es justo y aceptan las políticas económicas; pero si creen que el sistema es injusto (porque el gobierno permite que algunos grupos se beneficien, dejando a otros empobrecidos), estarán insatisfechos con esas políticas e intentarán ignorarlas (Kluegel & Mason, 2004).
La justicia procedimental es fundamental para desarrollar y mantener juicios sobre la legitimidad de las autoridades y las instituciones, y, desde finales de la década de 1980, los investigadores destacan el papel central de la legitimidad en la eficacia de la ley, donde la legitimidad es definida como la creencia difundida de que la policía, la corte y el sistema legal son autoridades reconocidas para tomar e impartir decisiones en asuntos de justicia penal (Murphy & Tyler, 2008).
De este modo, la percepción de legitimidad de las normas y de las autoridades hace que la gente esté dispuesta voluntariamente a apoyarlas y a aceptar sus decisiones para cumplir con las normas sociales y, en última instancia, obedecer la ley (Tyler, 2001). Adicionalmente, diversos investigadores han encontrado que la percepción de baja legitimidad está asociada con la percepción de corrupción (Mishler & Rose, 2001; Seligson, 2002), de baja eficacia y confianza institucional (Baker, 2008; Price & Romantan, 2004) y de autoridades autoritarias (Kluegel & Mason, 2004).
Percepción de transgresión
La percepción de cumplimiento normativo por parte de los ciudadanos es un buen predictor de la adhesión a las normas, y este tipo de conducta influye en el comportamiento social normativo (Cialdini, 2007). El problema surge cuando los ciudadanos creen que la transgresión es una práctica social ordinaria y compartida, y en ese sentido, Cialdini, Reno y Kallegren (1990) sugieren que las normas sociales pueden clasificarse en dos tipos: las normas prescriptivas, que especifican lo que se debe hacer y llevan implícitas sanciones sociales si no se respetan; y las normas descriptivas, que describen lo que es típico o normal, o, en otras palabras, lo que la gente percibe que los otros realmente hacen.
A pesar de que las percepciones de lo que la mayoría debería hacer y de lo que la mayoría hace en una situación dada a menudo están relacionadas, ambas implican diferentes concepciones y motivaciones. Las normas sociales prescriptivas promueven la acción de las personas a través de la evaluación social, mientras que las descriptivas lo hacen a través de la información social. En particular, estas últimas proporcionan información sobre qué comportamiento es adaptativo y eficaz (Cialdini, 2007).
Desde esta perspectiva, la decisión de cumplir con las normas está significativamente influenciada por las expectativas de los juicos de los otros (Cialdini et al., 1990). Si los ciudadanos creen que eludir las normas es un hábito, mantienen creencias compartidas sobre la transgresión normativa y exhiben prácticas generalizadas y asociadas a diferentes áreas de la sociedad, lo que da lugar a una transgresión social naturalizada (Beramendi & Zubieta, 2014). Considerando la contribución de Cialdini et al. (1990), Beramendi (2014) propone que la transgresión puede ser conceptualizada como una norma descriptiva, ya que se convierte en un comportamiento adaptativo y efectivo.
Además, en relación con la influencia del comportamiento social, la percepción de control y sanción son dos predictores importantes para reducir el incumplimiento, ya sea debido a que el control y la sanción provengan de autoridades judiciales o de un tipo de control social (Brauer & Chaurand, 2010; Luna, Zambrano & Hidalgo, 2013; Nelissen & Mulder, 2013). El sistema de sanciones de las autoridades legales es considerado el método más fácil para generar cumplimiento (McAdams, 2000), aunque se han encontrado varias razones para explicar por qué no es eficaz en sí mismo (Balliet, Mulder & Van Lange, 2011).
Desde esta perspectiva, las transgresiones son motivadas por las ganancias individuales, pero pueden ser disuadidas por severos castigos. Por lo tanto, el control y el castigo por parte de las autoridades judiciales sirven tanto para castigar como para prevenir futuras violaciones (MacCoun, 1993). Según la Teoría del Comportamiento Planeado (Ajzen, 2005), las actitudes de los individuos están influenciadas por sus creencias sobre las consecuencias de su comportamiento (creencias conductuales), por lo que la percepción del castigo puede ser un factor disuasivo. Sin embargo, el "control social" y la "sanción social" son más eficaces, ya que aluden a castigos o reacciones de desaprobación expresados o ejercidos por una persona hacia otra que transgrede una norma social (Brauer & Chaurand, 2010; Brauer & Chekroun, 2005; Chaurand & Brauer, 2008; Chekroun & Brauer, 2002). Al respecto, estos mismos autores han estudiado varios factores que limitan el poder de control y sanción social, por ejemplo, la probabilidad de que las personas ejerzan el control social depende de la importancia que se le adjudiquen a la norma que se transgrede, o de la implicación de la persona con el lugar o la situación en la que se produce el incumplimiento.
Además de la importancia de la influencia social para obedecer las normas, es necesario comprender las creencias del sistema normativo de una persona para analizar su tendencia a (in)cumplir las normas. Por ejemplo, si alguien cree que una norma debe cumplirse porque es su deber o es una norma moral, estará más dispuesta a cumplirla; por tanto, la creencia de una norma como una norma prescriptiva personal o moral promueve el cumplimiento normativo. Estas normas prescriptivas personales se definen como las normas morales interiorizadas de un individuo que guían la aprobación o desaprobación de su conducta más allá del impacto personal y social (White, Smith, Terry, Greenslade & McKimmie, 2009); además, son independientes de las expectativas e influencias inmediatas de los demás y están asociadas con emociones positivas, como el orgullo y la alegría, y negativas, como la vergüenza y el arrepentimiento (Manstead, 2000). Por último, estas normas explican ampliamente por qué la gente (in)cumple ciertas normas más allá de la situación específica, sobre todo porque exceden las evaluaciones de costo-beneficio (MacCoun, 1993).
Percepción de debilidad normativa
El poder de las normas está estrechamente relacionado con dos variables: la relación entre las leyes y las normas sociales, y la estructura y organización de las instituciones. En cuanto al primer punto, Fehr y Fischbacher (2004) explican que los mecanismos de cumplimiento legal no pueden funcionar si no se basan en un consenso generalizado sobre la legitimidad de las normas, en otras palabras, que las normas legales deben estar respaldadas por normas sociales. Al respecto, Graeff (2007) explica esta tensión cuando analiza los sistemas de corrupción, y sostiene que esta no puede ser combatida solo con más sanciones o controles por parte del gobierno, porque las normas de corrupción se basan en normas sociales que representan prácticas sociales tradicionales transmitidas y aprendidas por procesos de socialización; por esta razón, las reglas de corrupción son en su mayoría consideradas ilegales, pero rara vez ilegítimas.
Con respecto al segundo punto, la ciencia política ha analizado cómo las normas formales e informales coexisten en la organización social. En las últimas décadas, los investigadores han debatido sobre si las instituciones formales configuran por sí solas las expectativas y los comportamientos de los ciudadanos (Lauth, 2000), y han acordado que un análisis institucional completo requiere incluir también a las instituciones informales, porque los actores responden a una combinación de normas formales e informales y, en algunos casos, triunfan las normas informales por encima de las formales (Helmke & Levitsky, 2004).
Así mismo, Helmke y Levitsky (2004) distinguen entre instituciones formales, definidas como "reglas y procedimientos que se crean, se comunican y se hacen cumplir a través de canales ampliamente aceptados como oficiales [...] esto incluye las instituciones estatales (tribunales, legislaturas, burocracias) y las normas estatales de regulación (constituciones, leyes y reglamentos)" (p.727); e instituciones informales, definidas como "reglas socialmente compartidas, usualmente no escritas, que se crean, se comunican y se hacen cumplir fuera de los canales oficialmente sancionados" (p.727).
La caracterización de la relación entre instituciones formales e informales tiende a englobarse en dos categorías contrapuestas. Una de ellas afirma que las instituciones informales son funcionales, ya que proporcionan soluciones a los problemas que surgen en la interacción social y mejoran la eficiencia o el desempeño de las instituciones formales (March & Olsen, 1984); y la otra postura sostiene que las instituciones informales son disfuncionales, pues dan cabida al clientelismo, la corrupción y el patrimonialismo, aspectos que socavan el funcionamiento de la democracia formal, el mercado y las instituciones estatales (Lauth, 2000).
Sin embargo, estudios recientes sugieren una configuración más compleja que excede a esas dos posiciones porque las instituciones informales a veces refuerzan o reemplazan a aquellas instituciones formales que parecen socavar (Helmke & Levitsky, 2004). Al respecto, Helmke y Levitsky (2004) proponen cuatro tipos de relación entre instituciones formales e informales: en la primera se describe el papel complementario de las instituciones informales con las instituciones formales efectivas; y en la segunda, la institución informal se acomoda a las instituciones formales. Este tipo de instituciones informales crean incentivos para comportarse de maneras que alteran los efectos sustantivos de las reglas formales, pero sin violarlas directamente, y contradicen el espíritu, pero no la letra, de las reglas formales (e.g., la cooperación entre los partidos políticos para aceptar una ley). En los otros dos casos, las normas informales reemplazan a las reglas formales por ser ineficaces: en el primero, las reglas y procedimientos formales no se aplican sistemáticamente, lo que permite a los actores ignorarlos o violarlos, por lo que las instituciones informales son incompatibles con las instituciones formales y si alguien sigue una, transgrede a la otra (e.g., clientelismo, patrimonialismo, política de clanes, corrupción, etc.); y en el segundo caso, las instituciones informales, que son incompatibles con las institucionales formales, las sustituyen porque estas son ineficaces (e.g., la seguridad privada).
Los dos últimos casos de instituciones informales son vivos reflejos del tipo funcionamiento que tienen las instituciones argentinas (Beramendi, 2014). Por ejemplo, ODonnell (1996) explica que el problema de las instituciones argentinas no es la falta de institucionalización, es decir, la falta de instituciones formales; por el contrario, el obstáculo es que a pesar de que estas instituciones existan, sus reglas no se siguen debido a que las instituciones informales son las que guían el comportamiento real de las personas, lo que significa que las instituciones informales son ampliamente compartidas y profundamente arraigadas.
Esta caracterización institucional implica una debilidad en el poder de las normas; al respecto, Beramendi y Zubieta (2013) encontraron que en Argentina las personas tienden a reevaluar las normas porque su cumplimiento casi siempre depende del contexto y de las situaciones, y como resultado, la legitimidad y el poder de las normas está restringido. Además, Latinobarómetro (1996-2010) encontró sistemáticamente que el 84 % de los argentinos perciben que sus conciudadanos no cumplen con las normas. Y en la investigación de Ipsos, Mora y Araujo (citados por Herrera, 2004) señalan que el 60 % de los argentinos no creen que el respeto a la ley sea un valor y el 92 % piensa que el incumplimiento es una de las razones del mal desempeño institucional.
Teniendo esto en cuenta, en Argentina tuvo que crearse el concepto de la cultura de la transgresión argentina para describir el funcionamiento de la práctica tan común y estable de la transgresión (De Biase, 2010; Hernández et al., 2005; Rossignolo, 2012; Solari, 2010; Transparency International, 2015; Zommer, 2006). Esta tendencia a realizar prácticas ilegales corroe el desarrollo político, económico y social de un país (Nino, 2005), produce una sensación de desmoralización social y aumenta la presencia de emociones negativas sobre las positivas en el general de la ciudadanía (Beramendi, 2014).
En este marco, teniendo en cuenta la necesidad de llevar a cabo un estudio exhaustivo sobre la transgresión normativa, los objetivos del presente estudio son validar la estructura de la Escala de Percepción del Sistema Normativo (Beramendi & Zubieta, 2014) y analizar la percepción del funcionamiento del sistema normativo en el contexto argentino.
MÉTODO
Tipo de estudio
Se diseñó un estudio no-experimental y transversal, de carácter descriptivo-correlacional con diferencias entre grupos (Hernández-Sampieri, Fernández-Collado & Lucio, 2006).
Participantes
La muestra utilizada fue no representativa y se utilizó una técnica de muestreo intencional con una muestra compuesta por 508 participantes argentinos de seis provincias de Argentina (Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, Misiones, Entre Ríos y Tucumán) y la Capital Federal. Del total de los participantes, el 68.9 % eran mujeres y el 31.1 % hombres, tenían una edad media de 32.73 años (DE = 11.81, Min = 18, Max = 78); el 77.6 % (n = 394) trabajaban, el 64 % (n = 252) de ellos en el sector privado, el 27.4 % (n = 108) en el sector público y el 8.6 % (n = 34) en ambos sectores; y la distribución de su nivel educativo fue: 1.8 % (n = 9) primario, 8.7 % (n = 44) secundario, 10.8 % (n = 55) terciario, 62 % (n = 315) universitario y 16.7 % (n = 85) postgrado.
Con respecto a la autopercepción de la clase social expresada por los participantes se encontró que el .4 % (n = 2) se percibe como perteneciente a la clase baja, el 10 % (n = 51) a la clase media-baja, el 68.9 % (n = 350) a la clase media, el 18.7 % (n = 95) a la clase media-alta y el 2 % (n = 10) a la clase alta. Además, el 40.4 % (n = 205) de los participantes informaron tener una posición ideológica de izquierda, el 42.5 % (n = 216) una posición de centro, y el 17.1 % (n = 87) una de derecha.
Instrumento
Se diseñó un cuestionario autoadministrado con la siguiente escala y preguntas sobre datos sociodemográficos.
Escala de Percepción del Sistema Normativo (EPSN) (Beramendi & Zubieta, 2014). Esta escala evalúa la percepción del funcionamiento del sistema normativo -conceptualizado como un organismo complejo que comprende a las normas, a las instituciones y a los actores que las promueven, respaldan y controlan, así como las creencias y prácticas de los ciudadanos con respecto a las normas-, y está compuesta por 20 ítems agrupados en tres dimensiones: la percepción de falta de legitimidad, la percepción de transgresión y la percepción de debilidad normativa. Algunos de los ítems son: "En este país raramente se llevan a cabo juicios justos", "Los argentinos siempre encuentran la manera de transgredir las normas" y "En las instituciones siempre hay una vía formal que se debería seguir y una vía irregular que agiliza los procesos", entre otros.
Para responder el instrumento, cada ítem cuenta con una escala tipo Likert con un gradiente de 7 puntos, donde 1 significa "muy en desacuerdo" y 7, "muy de acuerdo". Los ítems negativos (ítems 6, 13, 14 y 17) fueron invertidos. Cada dimensión se obtiene sumando sus elementos y dividiéndolos por la cantidad de ellos, mientras que la puntuación total de la escala se calcula sumando las tres dimensiones y se la divide por tres, donde los puntajes altos reflejan la percepción de un funcionamiento negativo del sistema normativo. Las características psicométricas se detallan y analizan en la sección de resultados de este estudio.
Variables sociodemográficas. Se tuvieron en cuenta variables sociodemográficas como sexo, edad, autopercepción de clase social e ideología política.
Procedimiento
Los datos fueron recolectados a partir de dos modalidades complementarias -una versión en papel y otra digital- para obtener una muestra heterogénea. Para la versión en papel, las instituciones y los participantes fueron contactados e invitados a participar voluntariamente, específicamente, el investigador principal se contactó con instituciones públicas (e.g., comisaría, el Ministerio del Trabajo, universidades) y privadas (e.g., universidades, empresas y comercios) para recopilar la información; mientras que para la versión digital se diseñó un documento en google.drive para ser compartido en Internet, y el investigador principal se puso en contacto con colegas de distintas provincias argentinas y les dio el enlace para invitar a los participantes a completar la encuesta. También se utilizó la técnica de bola de nieve para ampliar la muestra y hacerla más diversa.
En la versión papel se recogieron 375 cuestionarios, mientras que en la versión digital, 133. Aunque el método digital se ha incorporado recientemente, es reconocido como igual o mejor que la recolección de datos auto-administrado en persona (Lyons, Cude, Lawrence & Gutter, 2005), ya que incrementa la velocidad de la recolección de datos, aumenta la diversidad de la muestra, reduce los costos (Weber & Bradley, 2006), disminuye la deseabilidad social, evita la carga de datos y reduce los errores procedimentales, entre otras ventajas (Lyons et al., 2005).
Antes de comenzar la encuesta, los participantes firmaron un consentimiento informado para cumplir con los códigos de conducta ética en Ciencias Sociales y Humanas establecidos por el Consejo Nacional de Investigación Científica y Técnica (CONICET) de Argentina (Res. D N° 2857/06).
Análisis de datos
Para realizar el análisis factorial confirmatorio de la escala con el método de estimación de máxima verosimilitud robusta (Ruiz, Pardo & San Martín, 2010), se utilizó el programa EQS 6.2. Y para determinar la adecuación de los modelos de ajuste, se utilizaron los siguientes indicadores: el x2comparative fit index (CFI), el incremental fit index (IFI), el normed fit index (NFI), el non-normed fit index (NNFI), y el Root-Mean-Square Error of Approximation (RMSEA).
Específicamente, para determinar si el modelo tiene un buen ajuste, se tomaron como referente los siguientes valores: que x2/DF sea inferior a 5, que los indicadores CFI, IFI, NFI y NNFI sean superiores a .95 y que el RMSEA tenga un valor igual o menor a .08 (Hooper, Coughlan & Mullen, 2008; Hu & Bentler, 1999; Widaman & Thompson, 2003).
RESULTADOS
En la primera parte de este apartado se presenta la validación de la estructura de la Escala de Percepción del Sistema Normativo en dos fases, y en la segunda se muestran los análisis descriptivos de la escala.
Fase 1: Análisis factorial confirmatorio
Para validar la Escala de Percepción del Sistema Normativo (Beramendi & Zubieta, 2014) estructurada en tres dimensiones se llevó a cabo un análisis factorial confirmatorio con el método de estimación de máxima verosimilitud robusta (véase Figura 1). Sobre la base de los criterios mencionados, los resultados mostraron un ajuste adecuado para la escala: x2/df= 2.86, p < .001, CFI = .97, IFI = .97, NFI = .96, NNFI = .97, RMSEA = .06 (IC 90 % [.055, .068]) (Hooper et al., 2008). En la Figura 1 se muestran las estimaciones de los parámetros estandarizados, donde se encontró que los pesajes de las regresiones entre las dimensiones de primer y segundo orden orden fueron altas (rangos entre .58 y .77) y el pesaje de los ítems fue aceptable (entre .18 y .72) (Hemphill, 2003). La significación estadística de los coeficientes se estableció mediante un examen de los valores t y todos los resultados fueron significativos teniendo en cuenta un valor de p < .05.
Figura 1. Análisis factorial confirmatorio de la Escala de Percepción del Sistema Normativo. EPSN = Escala de Percepción del Sistema Normativo, DPFL = Dimensión Percepción Falta de Legitimidad, DPT = Dimensión Percepción de Transgresión, DPDN=Dimensión Percepción de Debilidad Normativa.
Fase 2: Análisis de consistencia interna
Los coeficientes de confiabilidad indicaron niveles satisfactorios de consistencia interna para la escala EPSN (a = .89), así como para sus subdimensionespercepción de falta de legitimidad (a = .84) (véase Tabla 1), percepción de transgresión (a = .84) (véase Tabla 2), y percepción de las normas de debilidad (a = .62) (véase Tabla 3).
Tabla 1. FACTOR 1 de la escala EPSN: Índice de homogeneidad corregida (IHc) y alfa si se elimina el ítem
Tabla 2. FACTOR 2 de la escala EPSN: Índice de homogeneidad corregida (IHc) y alfa si se elimina el ítem
Análisis descriptivo
El análisis descriptivo de la escala EPSN mostró altas puntuaciones (M = 5.32, DE = .90, Rango = 6), lo que significa que los participantes tienen una percepción negativa del funcionamiento del sistema normativo. Específicamente, la dimensión percepción de falta de legitimidad tuvo las puntuaciones más altas (M= 5.56, DE = 1.03, R = 6), seguida por la dimensión de percepción de transgresión (M = 5.56, DS = 1.03, R = 6) y, finalmente, la dimensión de percepción de debilidad normativa (M = 5.02, DE = 1.13, R = 6).
Con respecto a las variables sociodemográficas, como muestra la Tabla 4, las mujeres percibieron más negativamente que los hombres el funcionamiento del sistema normativo. Además, la variable de posición ideológica se recategorizó en tres valores: izquierda, centro y derecha, habiendo generalmente una diferenciación más significativa entre los grupos de izquierda y derecha, aunque los participantes con un posicionamiento ideológico de centro difirieron de los participantes con un posicionamiento ideológico de izquierda y derecha (véase Tabla 5).
Tabla 4. Diferencia de medias en la EPSN y sus dimensiones según la variable sexo
Tabla 5. Prueba de ANOVA de la escala EPSN según la variable posicionamiento ideológico
DISCUSIÓN
El primer objetivo del estudio fue validar la escala EPSN a partir de un análisis factorial confirmatorio, y, al respecto, se encontraron resultados que muestran un buen ajuste, al igual que coeficientes de confiabilidad que indican niveles satisfactorios de consistencia interna para la escala total y sus subdimensiones. Estos resultados fueron mejores que los encontrados por Beramendi y Zubieta (2014) en un estudio exploratorio anterior. La baja confiabilidad de la dimensión percepción de debilidad normativa podría deberse a que el factor contiene pocos ítems (Santisteban Requena, 2009; Virla, 2010), o a la diversidad de características que este pretende evaluar (Loevinger, 1954).
Adicionalmente, con respecto al segundo objetivo, la Escala de Percepción del Sistema Normativo reflejó una serie de problemas sociales, esto porque, en primer lugar, se encontraron altos niveles de percepción de falta de legitimidad -percepción de mala distribución económica y procesos legales injustos, altos niveles de corrupción, baja eficacia y confianza institucional, y presencia de autoridades autoritarias- de las instituciones y de las autoridades. De acuerdo con la literatura previa, la ausencia de legitimidad está relacionada con la transgresión porque declina el respeto a las autoridades y disminuye el cumplimiento voluntario de las normas (Klügel & Mason, 2004; Tyler, 2000, 2001, 2010).
En segundo lugar, se encontró que los participantes perciben que la transgresión es una creencia compartida y naturalizada en el contexto argentino, donde el incumplimiento normativo es un hábito, hay una baja percepción de control y sanción, y las personas poseen sistemas normativos individuales que guían su comportamiento. Esta naturalización, junto con la transgresión percibida y generalizada, lleva a repensar el concepto de norma desde una perspectiva más compleja que integre una faceta negativa de la norma y que incluya la arbitrariedad y la falta de sentido.
En tercer lugar, los altos niveles de percepción de debilidad normativa parecen estar relacionados con la percepción de dobles estándares donde coexisten normas formales e informales, siendo estas últimas las que personas respetan en mayor medida. Cuando las normas formales son ampliamente percibidas como relativas, pierden su poder y se vuelven negociables; por tanto, las normas informales son establecidas por las propias autoridades institucionales, lo que hace que estos actores sean más poderosos que la institución y sus procesos formales. Por lo tanto, el uso generalizado de las instituciones informales -definidas como normas socialmente compartidas pero generalmente no escritas sin sanción oficial (Helmke & Levitsky, 2004)- socava el sistema formal y a la sociedad en general. Además, aunque las normas informales pueden complementar los procedimientos formales en determinadas circunstancias específicas, crean situaciones de incertidumbre y debilidad institucional porque no suelen reemplazar a las instituciones formales sino que conviven con ellas.
Este doble funcionamiento institucional puede ser conceptualizado como un fenómeno de sincretismo normativo, porque hay una convivencia de normas que no guardan una coherencia sustancial entre sí, sino que se fusionan en el mismo sistema; configuración del sistema normativo que se convertiría en un síndrome cultural de la sociedad argentina actual.
Este análisis revela una tensión entre las reglas o leyes formales y las normas sociales donde, por un lado, el sistema institucional provee y regula leyes y normas, y, por otro, las normas sociales apoyan y promueven el incumplimiento. En este contexto, la transgresión se convierte en una norma descriptiva.
Por otra parte, en este estudio se encontró que las mujeres tienen una perspectiva más negativa del funcionamiento del sistema normativo que los hombres; resultado congruentemente con lo encontrado en estudios anteriores (Beramendi, 2014). Esta perspectiva podría estar relacionada con la tendencia de las mujeres a estar más orientadas en las relaciones que los hombres (Cialdini & Goldstein, 2004), característica que podría explicar por qué ellas se centran mayormente en el funcionamiento real del sistema normativo y en el comportamiento transgresor. Con respecto a los comportamientos normativos de las personas, algunos autores afirman que los hombres tienden a tener una conducta más transgresora que las mujeres (Boman & Gibson, 2011) y que son más propensos a castigar (Carpenter, Matthews & Ong'ong'a, 2004).
Otra variable que generó diferencias fue la posición ideológica de los participantes. Aunque los resultados no se esperaban, ya que históricamente la tendencia en la literatura indica que las personas con una orientación ideológica de izquierda son más críticas con el sistema, estos datos son consistentes con los hallazgos de estudios locales en los últimos años que dan cuenta de que las personas con una ideología de derecha son más críticas con el gobierno que las que están posicionadas más cerca de la izquierda (Arnoso Martínez, Bombelli, Muratori, Mele & Zubieta, 2013, Beramendi & Zubieta, 2013). Esto puede explicarse por el contexto político argentino, pues el gobierno es considerado como ideológicamente de izquierda por sus políticas y medidas económicas (Latinobarómetro, 2011).
Por último, este trabajo presenta algunas limitaciones a nivel instrumental y muestral. Por ejemplo, hay cierta ambigüedad o generalidad en el uso de los términos institución y norma; además, la muestra utilizada fue intencional e incluyó un predominio de mujeres, lo que limitó el alcance de la investigación. Para futuros estudios sería interesante utilizar la Escala de Percepción del Sistema Normativo en otros países de América Latina y Europa, y así corroborar la propuesta, hacer comparaciones entre países y expandir el estudio de las normas en otros contextos. En este escenario es importante entender que si no se cambia la percepción negativa del sistema normativo, ni de los altos niveles de transgresión, ni de la debilidad de las normas, el desarrollo de la sociedad y la civilidad erosionará, y se afectará negativamente la vida de cada ciudadano.
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