10.14718/ACP.2022.25.2.2

Artículo Los efectos de la inteligencia emocionad la legitimidad y la disuasión en la conducta antisocial The effects of emotional intelligence, legitimacy and deterrence on antisocial behavior

Salvador Cabrera Alvarado¹
Martha Frías Armenta²

¹ Universidad de Sonora, Hermosillo, México.
0000-0002-9532-1186

² Universidad de Sonora, Hermosillo, México.
Departamento de Derecho, Universidad de Sonora. Blvd. Luis Encinas J. y Av. Rosales. Col. Centro. C. P.: 83000, Hermosillo, Sonora, México. Tel.: 6622592170.
0000-0002-1516-3182
martha.frias@unison.mx

Recibido, marzo 25/2019;
Concepto de evaluación, octubre 7/2021;
Aceptado, noviembre 9/2021

Cómo citar este artículo: Cabrera Alvarado, S., & Frías Armenta, M. (2022). Los efectos de la inteligencia emocional, la legitimidad y la disuasión en la conducta antisocial. Acta Colombiana de Psicología, 25(2), 25-40. https://www.doi.org/10.14718/ACP.2022.25.2.2

Resumen

Investigaciones previas sugieren que las conductas antisociales y delictivas son más prevalentes en individuos que presentan una baja inteligencia emocional, así como en aquellos que perciben una baja probabilidad de sanción y una nula legitimidad de las autoridades. El objetivo de esta investigación fue analizar los efectos de la inteligencia emocional, la disuasión (específicamente la percepción de probabilidad de recibir sanción) y la legitimidad de las autoridades en la conducta antisocial en reclusos en comparación con un grupo control. El grupo de reclusos estuvo compuesto por 105 sujetos provenientes de un Centro de Reinserción Social de una ciudad del noroeste de México, con una media de edad de 32.03 años (DE = 8.986); y el grupo control, por 105 adultos sin antecedentes penales, con una media de edad de 32.08 años (DE = 10.094). Ambas muestras seleccionadas por conveniencia. Los resultados mostraron diferencias significativas en las escalas de inteligencia emocional (t = -4.14,p < .001), legitimidad (t = -3.09,p < .01) y probabilidad de castigo (t = —4.66,p < .001); específicamente, la d de Cohen indicó que la muestra control presentó mayor inteligencia emocional (d = -0.81), mayor percepción de legitimidad (d = -0.60) y mayor percepción de probabilidad de sanción (d = -0.90) en contraste con la muestra de reclusos. Dentro del modelo de ecuaciones estructurales, las variables de inteligencia emocional y percepción de probabilidad de castigo influyeron en el comportamiento antisocial, lo cual indica que posiblemente las competencias emocionales podrían repercutir sobre el temor de recibir alguna sanción ante la comisión de determinadas conductas antisociales.

Palabras clave: disuasión, inteligencia emocional, legitimidad, delincuentes, conducta antisocial.

Abstract

Previous research suggests that antisocial and criminal behaviors are more prevalent in individuals with low emotional intelligence, as well as in those who perceive a low probability of punishment and no legitimacy of authorities. The aim of this research was to analyze the effects of emotional intelligence, deterrence (specifically, the perception of the probability of receiving a sanction), and the legitimacy of authorities on antisocial behavior in inmates compared to a control group. The group of inmates was composed of 105 adults from a Social Reinsertion Center in a city in northwestern Mexico, with a mean age of 32.03 years (SD = 8.986); and the control group was composed of 105 adults with no criminal record, with a mean age of 32.08 years (SD = 10.094). Both samples were selected by convenience. Significant differences were detected in the scales of emotional intelligence (t = -4.14, p <.001), legitimacy (t = -3.09, p <.01), and probability of punishment (t = -4.66, p <.001). The control group presented higher emotional intelligence (d = -0.81), higher perception of legitimacy (d = -0.60), and higher perception of probability of punishment (d = -0.90) in contrast to the inmate sample. A Structural Equations Model (SEM) showed that emotional intelligence and perceived probability of punishment influenced antisocial behavior, which indicates that emotional competences may have an impact on the fear of being sanctioned when committing certain antisocial behaviors.

Keywords: deterrence, emotional intelligence, legitimacy, criminals, antisocial behavior.

Introducción

La delincuencia, por una parte, se ha definido como las conductas de los individuos que transgreden las normas legales de un determinado estado o país (Hirschi & Selvin, 2017; Shoemaker, 2017); y el comportamiento antisocial, por otra, se ha catalogado como un fenómeno heterogéneo que incluye un conjunto de diferentes conductas consideradas desviadas (Redondo, 2016). Teniendo esto en cuenta, tanto las conductas antisociales como las delictivas resultan agudamente nocivas para la sociedad (Rahim et al., 2015).

La delincuencia es uno de los problemas más importantes en el mundo, debido a que afecta de forma progresiva a la sociedad (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2017), al representar consecuencias negativas sobre el desarrollo humano, social, político y económico de los ciudadanos (Rahim et al., 2015), y porque puede incluso dañar la infraestructura del Estado y generar una atmósfera de miedo e inseguridad entre los individuos. En este sentido, el análisis de la información sobre la naturaleza e impacto de la delincuencia es determinante para entender sus secuelas (Echarri, 2017).

Actualmente, la conducta antisocial y delictiva han significado un problema social grave, ya que proyectan un enorme desafío para su erradicación (Rahim et al., 2015), lo cual ha abierto la puerta a investigaciones sobre las causas y los factores que subyacen a dichas conductas (Rahim et al., 2015). En particular, distintas organizaciones internacionales se encargan de reportar la magnitud del problema y de esclarecer las cifras de los delitos por país (Harrendorf et al., 2010). Por ejemplo, la ONU (2017) informó que en Centroamérica la población carcelaria ha aumentado significativamente (28 %) entre los años de 2003-2005 y 2012-2014; y que, en materia de impunidad, los datos de América Latina y el Caribe indican que, entre 2003 y 2014, por cada 100 casos de homicidio, solo 28 sujetos eran condenados (ONU, 2017).

En México, en particular, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2017a), a través de la Encuesta Nacional de Población Privada de Libertad (ENPOL), indicó que, de la población sentenciada, el 84.6 %% fue recluido por delitos del fuero común —delitos que afectan directamente a las personas en lo individual, como robo, lesiones, homicidio, entre otros—, mientras que el 17.7 % lo fue por delitos del fuero federal —delitos que afectan la salud, la economía, el patrimonio y la seguridad de la nación, como el porte de arma de fuego sin licencia, delitos contra la salud, contrabando, entre otros—. Del total de esta población, el 39.3 % fue condenado por el delito de robo —que incluye robo parcial o total de vehículo, de casa habitación, de negocio, de transeúnte en vía pública, entre otros— (INEGI, 2017a).

Asimismo, a partir de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), el INEGI (2017b) encontró que el 35.6 % de los hogares en México tuvo por lo menos una víctima del delito durante el 2017, y se estima que durante el mismo año se generaron alrededor de 33.3 millones de delitos asociados a 25.4 millones de víctimas; esto representa una tasa de 1.3 °/o de delitos por víctima. De hecho, el robo o asalto en la calle o transporte público fue el delito que se presentó con mayor frecuencia, con un 28.1 °%, seguido por la extorsión, con un 19.6 % (INEGI, 2017b).

No obstante, se encontró que la cifra negra en México, entendida como el nivel de delitos no denunciados o que no tuvieron seguimiento judicial (Echarri, 2017), fue de 93.2 %o durante el 2017, mientras que el año anterior fue de 93.6 % (INEGI, 2017b). La ENVIPE estima que las principales razones que generaron que las víctimas no denunciaran fueron situaciones inculpadas a las autoridades, como considerar la denuncia una "pérdida de tiempo", con 34.2 %, y la "desconfianza en la autoridad", con 16.5 %. Este desconocimiento de la criminalidad total imposibilita la planeación de estrategias para combatir la delincuencia (Echarri, 2017; Jiménez, 2003).

Al respecto, otros estudios (Jasso, 2016; Pinos & Ávila, 2012; Villarreal, 2014) han mostrado que un gran porcentaje de personas no denuncian los delitos que sufrieron por motivos como el temor a represalias, la desconfianza de que la autoridad realmente encuentre y castigue al criminal, por la pérdida de tiempo que conlleva la denuncia, porque quieren prevenir el sufrir de chantaje o corrupción, o porque recibieron un mal trato por parte de la autoridad. Estos factores generan que exista un aumento gradual de actos delictivos, debido a que el criminal, al percibir la nula legitimidad de las autoridades y la poca probabilidad de ser atrapado y de recibir castigo, pierde el temor a ser sancionado por sus acciones (Nagin et al., 2015).

Sumado a esto, se ha encontrado que el estado emocional del individuo puede influir significativamente a que cometa o no el delito, así como a la gravedad del daño que puede ocasionar, ya que las emociones pueden generar cambios de comportamiento; si el sujeto no cuenta con las competencias adecuadas sobre sus emociones, será proclive a cometer determinados actos delictivos (Peláez et al., 2014).

En concordancia con lo anterior, el modelo de competencias de Mayer y Salovey (1997) considera que la inteligencia emocional se define a partir de cuatro habilidades fundamentales: (a) la habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud; (b) la habilidad para entender emociones; (c) la habilidad para tener un conocimiento emocional; y (d) la habilidad para regular las emociones que desarrollan con ello un crecimiento emocional e intelectual.

Ahora bien, la investigación psicológica reporta una relación entre las conductas delictivas y las competencias emocionales de las personas. Por mencionar algunos ejemplos, la investigación de Visser et al. (2010) mostró que la inteligencia emocional correlaciona negativamente con la conducta delictiva; diversas investigaciones (Bacon et al., 2018; García et al., 2017; Peláez et al., 2014) indicaron que una baja inteligencia emocional correlaciona con conductas antisociales; y el estudio de Garaigordobil y Oñederra (2010) mostró que bajos niveles de inteligencia emocional se relacionan con la conducta antisocial.

Por otra parte, la investigación sociológica indica una relación entre la percepción de legitimidad y las conductas antisociales y delictivas. Por ej emplo, Trinkner et al. (2017) encontraron correlaciones negativas entre la percepción de legitimidad y los comportamientos delictivos; sus resultados mostraron un alejamiento de las normas cuando los individuos consideraban razonable actuar fuera de la ley, al percibir una legitimidad nula por parte de las autoridades gubernamentales —sea por corrupción institucional, trato policial inapropiado, etc.—. En este punto, el modelo de regulación basado en procesos, de Tyler, encuentra una asociación entre la legitimidad observada, la percepción de los individuos sobre la justicia procedimental de las autoridades legales, y sus decisiones sobre obedecer la ley o cumplir las normas u órdenes de las autoridades; según esta, a la hora de cumplir o no las leyes, los individuos evalúan la justicia procedimental empleada por las autoridades legales (Nix, 2017; Tyler, 2006). Por lo general, se ha encontrado que la percepción positiva de las autoridades reduce la delincuencia en jóvenes (Pusch et al., 2021).

Adicional a ello, existen estudios que indican que la certeza del castigo es mucho más convincente y consistente que la severidad de este, y que, por ende, es el elemento disuasivo más efectivo (Apel, 2013; Nagin, 2013; Paternoster, 2010). Al respecto, la teoría de la disuasión establece que el involucrarse en actividades consideradas ilegales será determinado por la probabilidad de que un individuo sea detectado, o por la certeza de recibir sanciones por sus infracciones, así como por la gravedad de las sanciones impuestas (Rothe, 2013; Wenzel, 2004). En este sentido, Piquero et al. (2012) resaltan la importancia de investigar la forma en que los individuos perciben la probabilidad de que las autoridades sancionen determinadas conductas delictivas. De acuerdo con esto, en un estudio reciente, Stringer (2021) encontró que la certeza del castigo se relaciona negativamente con la conducta riesgosa de manejar automóvil bajo la influencia de alcohol. La presente investigación se enfoca en este aspecto de la disuasión.

Por su parte, Mooijman et al. (2017) investigaron el efecto disuasivo de las sanciones justificadas con claridad por medio de cinco experimentos, tras los cuales se pudo apreciar que, a pesar de que las sanciones eran justificadas con la finalidad de elevar el cumplimiento de las normas, estas perdían su efecto disuasivo cuando existía desconfianza en las autoridades y cuando las sanciones eran aplicadas a terceros. Adicionalmente, Wallace et al. (2016) identificaron cómo el esclarecimiento oportuno de las leyes por parte de las autoridades —un factor determinante para la legitimidad— conlleva a la disuasión esperada de los individuos para evitar la comisión —o en algunos casos la reincidencia— de delitos que eran

sancionados con encarcelamiento. Incluso, Van Damme y Pauwels (2016), al ampliar el modelo de justicia procesal de Tyler, identificaron la importancia que trae consigo el desenvolvimiento disuasorio en los individuos que comprenden las implicaciones del incumplimiento de normas impuestas en sociedad; con ello afirman la importancia de considerar la relación entre la legitimidad y la disuasión para el mantenimiento del bien social.

Además, Friehe y Schildberg-Hörisch (2017) encontraron que una baja competencia emocional es facilitadora de la delincuencia, en la medida en que los sujetos son menos disuadidos por las probables sanciones al cometer un acto delictivo, lo cual quiere decir que los individuos con un bajo dominio de sus emociones son más antisociales, presentan tendencias al riesgo, y, por ende, son más propensos a participar en actividades delictivas. De hecho, Khadjavi (2014) refiere que las competencias emocionales de un individuo son un factor importante sobre la interacción en sociedad, al entenderse dentro un estándar de conducta aceptable sobre la presencia de normas; es decir, que un individuo será disuadido de cometer algún tipo de comportamiento antisocial o delictivo si la emoción involucrada no es sumamente intensa. Esto da sentido a una reducción de la sanción si los actos delictivos cometidos durante un estado emocional son graves —de manera que la sanción esperada no disuada la conducta delictiva—, y si las sanciones que sean aplicadas tienen un costo social elevado (Khadiavi, 2014).

Por último, en un estudio llevado a cabo por Oppin et al. (2015) sobre las relaciones entre la legitimidad y la inteligencia emocional se encontró que las competencias emocionales configuran la interacción continua para orientar las conductas de los individuos a su entorno social; es decir, que cuanto más se percibe el apropiado establecimiento normativo de las autoridades, más se experimenta un mejor dominio emocional. No obstante, cuando no se percibe legitimidad, se experimenta hostilidad (Oppin et al., 2015). De hecho, Johnson et al. (2014) pusieron en evidencia que, cuando el individuo percibe que la legitimidad no se presenta claramente al ver situaciones injustas, esto conlleva tanto a la manifestación de emociones negativas como a la pérdida de la regulación de emociones con respecto al entendimiento de lo considerado justo por parte de las autoridades.

En este contexto, la finalidad del presente estudio fue evaluar la relación de las dimensiones de la inteligencia emocional, la disuasión —específicamente la percepción de probabilidad de recibir sanción— y la percepción de legitimidad, con la conducta antisocial. Para determinar si las variables mencionadas se relacionaban con la disminución de conductas antisociales y delictivas, se hace una comparación entre el grupo de delincuentes y una muestra que presenta las mismas características socio-demográficas, como la edad y la escolaridad, pero sin antecedentes delictivos. Consecuentemente, se planteó un modelo hipotético de ecuaciones estructurales, con el cual se esperaba encontrar que la inteligencia emocional, así como la disuasión y la legitimidad tendrían un efecto directo y negativo en el desarrollo de conductas antisociales. Específicamente, el modelo hipotético está compuesto por cuatro factores (véase Figura 1): (a) el comportamiento antisocial —variable dependiente—, conformado por las dimensiones de conductas delictivas y conductas antisociales; (b) la inteligencia emocional, con sus dimensiones de atención emocional, facilitación emocional, comprensión emocional y regulación emocional; (c) la disuasión, que se compone por la probabilidad de castigo en conductas antisociales y en conductas delictivas; y (d) la legitimidad, constituido por la confianza institucional, la obligación de obedecer, el cinismo sobre las leyes, la calidad de la toma de decisiones, la calidad del trato, el cinismo legal y la eficacia policial.

Método

Tipo de estudio

Se hizo uso de un diseño no experimental de tipo transversal correlacional, debido a que este describe relaciones entre dos o más variables en un momento determinado y único (Hernández et al., 2014).

Participantes

Muestra delictiva

La muestra se obtuvo por conveniencia, pues se entrevistó a reclusos en un centro de readaptación social. Este grupo estuvo compuesto por 105 adultos de entre 18 y 60 años, con una media de edad de 32.03 años (DE = 8.986), de una ciudad del noroeste de México. La muestra presentaba una escolaridad promedio de secundaria (+=2.37; DE = 0.792).

Figura 1.

Modelo hipotético sobre la relación entre la inteligencia emocional, la disuasión, la legitimidad y el comportamiento antisocial

Muestra control

Esta muestra pretendía equiparar las variables demográficas de la muestra de delincuentes, y por tanto contó con 105 adultos, sin antecedentes penales, de entre 18 y 64 años, con una media de edad de 32.08 años (DE = 10.094), provenientes de diferentes centros de capacitación para el trabajo. Esta muestra tuvo una escolaridad promedio de secundaria (+ = 2.47; DE = 0.742).

Instrumentos

Se elaboró una batería de pruebas en la que se incluyeron, por una parte, los datos sociodemográficos de los participantes, y, por otra, los instrumentos para medir la inteligencia emocional, la disuasión, la percepción de legitimidad y el comportamiento antisocial de los mismos.

Inteligencia emocional

Se utilizó una versión reducida previamente piloteada del Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT), diseñada por Mayer et al. (2002), y adaptada al español por Extremera et al. (2006), para evaluar la inteligencia emocional, entendida como la capacidad de los individuos para adaptarse social y emocionalmente. En esta prueba, las respuestas representan aptitudes para resolver problemas emocionales y proporcionan puntuaciones válidas y fiables dentro de cada una de las cuatro áreas de la inteligencia emocional: (a) atención emocional (alfa de .92) —en esta sección se presenta al participante la foto de un rostro, del cual debe identificar el grado de manifestación de determinadas emociones: felicidad, miedo, sorpresa y asco—; (b) facilitación emocional (alfa de .87); (c) comprensión emocional (alfa de .79) —los participantes contestaron cuestiones como: "Gloria amaba a Javier, sentía que solo le pertenecía a ella. Empezó a verlo como alguien ideal para ella y que rozaba la perfección. Ella ..."—; y (d) regulación emocional (alfa de .87). El instrumento cuenta con un total de 67 ítems y obtuvo un alfa de .84. En investigaciones más recientes, como la de Sánchez-García et al. (2016), obtuvo un alfa de .94.

Disuasión

Se utilizó un cuestionario elaborado por Martín et al. (2007), adaptado por Frías al contexto mexicano, con 18 reactivos que evalúan la disuasión, con base en una escala del 0 a 10, donde el 0 significa "nada probable", y el 10, "muy probable". Los participantes respondieron qué tan probable sería que recibieran castigo si realizaban alguna de las conductas descritas en los reactivos, por ejemplo: "Qué tan probable es que recibas un castigo si..." "... peleas con otros a golpes o con palabras fuertes", "... molestas a personas desconocidas o haces desorden en lugares públicos". El instrumento obtuvo un alfa de .88, y en investigaciones recientes, como la de Martín et al. (2014), obtuvo un alfa de .86.

Legitimidad

Para medir la percepción de la legitimidad se utilizó la traducción y validación de Cabrera et al. (2017) del instrumento derivado de siete factores con 34 ítems de Johnson et al. (2014). Los indicadores fueron con cuatro categorías. En treinta preguntas se tiene como opciones de respuesta una escala tipo Likert que varía de 1 ("Totalmente en desacuerdo") a 4 ("Muy de acuerdo"), y en las cuatro preguntas restantes se pide a los encuestados que califiquen la efectividad de la policía, mediante opciones de respuesta que van de 1 ("No efectivo") a 4 ("Muy efectivo"). En general, se obtuvo un alfa de .79, similar a la obtenida en el piloteo (.79), y, dentro de los factores, se obtuvo un alfa de .70 para la legitimidad, de .83 para la confianza institucional, de .70 para la obligación de obedecer, de .85 para la justicia procedimental, de .67 para la calidad de la toma de decisiones, de .87 para la calidad del trato, y de .87 para la eficacia policial (Cabrera et al., 2017).

Conductas antisociales

Se utilizó el instrumento para medir conductas antisociales y delictivas de Frías et al. (2003), donde se evalúa la frecuencia de la conducta antisocial y delictiva, con base en una escala de 0 a 10, donde el 0 significa "Nada frecuente", y el 10, "Muy frecuente". Los participantes respondían qué tan frecuente habían cometido conductas antisociales como "Robar, tomar o tratar de tomar algo de mucho valor", "Golpear a una persona desconocida", "Dañar o destruir intencionalmente otras propiedades que no te pertenecen", etcétera. El instrumento tuvo un alfa de .88.

Procedimiento

Primero se consiguió la autorización de las autoridades de la Secretaría de Seguridad de un Estado del noroeste de México, así como la firma del consentimiento informado por parte de los participantes. Posteriormente, la batería de instrumentos fue aplicada por psicólogos previamente capacitados, en lugares restringidos para evitar distractores y errores al momento de responder las preguntas. Los participantes tardaron entre 45 minutos y 1 hora y 30 minutos respondiendo la batería de pruebas.

Aspectos éticos

Para la realización de esta investigación, se tomaron en cuenta las consideraciones éticas establecidas en el Código de Ética del Psicólogo (Sociedad Mexicana de Psicología, 2013), así como aquellas delineadas por la Universidad de Sonora, México. Todos los participantes fueron plenamente informados de los objetivos y la finalidad del estudio, y se les explicó que su participación era totalmente voluntaria y que podían dejar de participar en cualquier momento de la investigación —y que esto no ocasionaría ninguna consecuencia para ellos—. Además, se les aseguró la confidencialidad de sus datos, ya que una vez obtenidos no sería posible identificar a la persona que los había proporcionado, pues sus respuestas llevarían solamente un número de identificación.

Análisis de datos

Los datos de las escalas se analizaron mediante el programa estadístico SPSS, versión 21, separados en dos grupos: la muestra de reclusos y la muestra control. Primero se obtuvieron los estadísticos univariados y se realizaron los índices mediante los valores medios de las respuestas dadas a cada escala y los alfa de Cronbach de cada una de ellas. Para ello, se realizó la prueba de normalidad Kolmogórov-Smirnov para determinar la normalidad de los datos de las dos muestras y decidir si se utilizarían pruebas paramétricas o no paramétricas; en este caso, si se haría uso de la prueba t de Student o de la prueba U de Mann-Whitney para determinar si existían diferencias de medias significativas entre las variables de estudio (Ghasemi & Zahediasl, 2012). Adicionalmente, se realizó una medición del tamaño del efecto (d de Cohen) de dichas diferencias mediante la Calculadora de Wilson (Wilson, s. f.), y un análisis de regresión logística para describir y probar relaciones entre las variables (Peng et al., 2002). El tamaño del efecto es el método de cuantificar la efectividad de una condición especifica o de describir diferencias de manera relativa a una determinada comparación (Castillo & Alegre, 2015; Coe & Merino-Soto, 2003; Faraone, 2008).

Posteriormente, los datos fueron analizados en el paquete estadístico EQS 6.1, en donde, para determinar la pertinencia del modelo hipotético propuesto, se utilizaron indicadores de bondad de ajuste —un indicador de la pertinencia de una teoría dada y de la correspondencia entre el modelo que la representa y los datos utilizados para probar dicha teoría— (Corral et al., 2001).

Para medir la bondad de ajuste del modelo existen dos tipos de indicadores: (a) el indicador estadístico Chi-Cuadrado (x²), que determina el grado de relación que existe entre el modelo hipotético y el saturado —si el modelo hipotético es pertinente, el estadístico Chi-Cuadrado tendrá un valor alto y no significativo (p > .05)—; y (b) los indicadores prácticos, que consisten en una serie de estadísticos derivados del Chi-Cuadrado que controlan el efecto del número de participantes sobre la significatividad de la comparación (Corral et al., 2001). Se espera que los indicadores prácticos presenten valores cercanos a 1.0 para considerar al modelo con buena bondad de ajuste. De acuerdo con Bentler (2006), son ejemplos de dichos indicadores el índice Bentler-Bonett de ajuste normado (BBNFI) y el índice Bentler-Bonett de ajuste no normado (BBNNFI). La x² compara qué tan eficiente es nuestro modelo contra el saturado, es decir, aquel que considera todas las posibles relaciones entre todas las variables (Corral et al., 2001).

Resultados

En la Tabla 1 se presentan los valores alfa de las escalas utilizadas. Como se puede observar, la mayoría de los valores de las alfas fueron aceptables, dado que fueron superiores a .60 (Nieva & Sorra, 2003). Adicional a esto, la prueba de Kolmogorov-Smirnov (N = 210) indicó que las variables se distribuyeron acorde con la curva normal (p > .05), y, por tanto, dan pertinencia para el empleo de la prueba t de Student. A partir de esta prueba, como se observa en la Tabla 2, se encontraron diferencias significativas en todas las escalas: legitimidad (t=-3.09, p=.002), disuasión (t =—1.66, p = .000), inteligencia emocional (t = —1.14, p = .000), y en el comportamiento delictivo (t = 31.0, p = .000).

Tabla 1.

Alfa de Cronbach de las escalas

Tabla 2.

Prueba t de Student (diferencia de medias entre los grupos en cada una de las escalas)

Nota. ** p < .01, ***p < .001.

A continuación se obtuvo el tamaño del efecto de las escalas y sus variables mediante el uso de la Calculadora de Wilson (Wilson, s. f.). Cabe aclarar que el tamaño del efecto positivo favorece al grupo delictivo —experimental—, mientras que el tamaño del efecto negativo favorece al grupo control. La Tabla 3 presenta el tamaño del efecto de los resultados de la prueba t de Student.

Tabla 3.

Tamaño del efecto de la prueba t de Student

Para la predicción de la conducta antisocial se utilizó la regresión logística, categorizando la variable dependiente en delincuentes (105 participantes) y no delincuentes (105 participantes). Este modelo permite hacer una estimación correcta (x²₄ = 42.002, p < .001) del 71.5 % de los casos. En este caso, entran a formar parte de la ecuación —como predictores— las variables de inteligencia emocional (Wald = 11.805, p = .001), la percepción de probabilidad de recibir sanción (Wald = 14.516, p = .000), la percepción de legitimidad (Wald = 9.167, p = .002), y el comportamiento delictivo (Wald = 18.693, p = .000) (véase Tabla 4).

Tabla 4.

Análisis de regresión logística (variable dependiente: conducta antisocial)

El modelo estructural resultante se presenta en la Figura 2. Se utilizó el método de estimación ML para el desarrollo del modelo de ecuaciones estructurales. En la figura, los círculos representan las variables latentes y los rectángulos las variables observadas, que, en este caso, fueron los índices conformados por las respuestas a los reactivos de las escalas. Las relaciones entre cada una de las variables están representadas por las flechas. Las líneas continuas de dichas flechas representan relaciones estadísticamente significativas (p < .05), y las flechas de línea discontinua implican que el nivel de significancia para la relación no fue alcanzado. En el modelo de medición se obtuvieron indicadores de validez de constructo de las variables latentes, observados en los valores salientes y significativos de las relaciones entre cada variable latente y sus indicadores —validez convergente—, y en las relaciones entre factores con valores más bajos que los obtenidos para las relaciones en el modelo de medición —validez discriminante—.

Figura 2.

Modelo de ecuaciones estructurales del efecto de la inteligencia emocional, la legitimidad y la disuasión en el comportamiento antisocial

Nota. x² = 90.51, gl = 51, p = .000, BBNFI = 0.91, BBNNFI = 0.95, CFI = 0.96, RMSEA = 0.06; R² = 0.21.

En el modelo, se presenta (a) el comportamiento antisocial, integrado por sus dos indicadores: conductas delictivas (λ = .97) y conductas antisociales (λ = .94); (b) la inteligencia emocional, integrada por tres indicadores: facilitación emocional (λ = .55), comprensión emocional (λ = .53) y regulación emocional (λ = .67) —la atención emocional no alcanzó un peso factorial significativo—; (c) la disuasión, integrada por dos indicadores: probabilidad de castigo en conductas delictivas (λ = .83) y probabilidad de castigo en conductas antisociales (λ = .91); y (d) la legitimidad, integrada por cinco indicadores: confianza institucional (λ = .75), obligación de obedecer (λ = .30), calidad de toma de decisiones (λ = .75), calidad del trato (λ = .88) y eficacia policial (λ = .66) —el cinismo legal y el cinismo sobre las leyes no alcanzaron un peso factorial significativo—.

Específicamente, se encontró que el coeficiente estructural entre la disuasión y el comportamiento antisocial fue de -.34, y entre la inteligencia emocional y la disuasión fue de .30. El coeficiente estructural entre la inteligencia emocional y el comportamiento antisocial, entre la legitimidad y el comportamiento antisocial, y entre legitimidad e inteligencia emocional, no fue significativo. Además, la disuasión no tuvo un efecto significativo en la legitimidad.

Finalmente, los indicadores de bondad de ajuste del modelo (BBNFI, BBNNFI, y CFI) fueron cercanos a 1.0 (BBNFI = 0.91, BBNNFI = 0.95, CFI = 0.96), mientras que el Chi-Cuadrado fue alto y significativo (x² = 90.51, p = .000), con un residuo de cuadrados mínimos (RMSEA) de 0.06. Esto significa que todos los indicadores de bondad de ajuste alcanzaron los valores requeridos para proclamar la pertinencia del modelo. Los índices estadísticos y prácticos de bondad de ajuste del modelo señalan que este se ajusta a los datos, y el modelo resultó con una varianza explicada del 21 % (R² = .21).

Discusión

Tras realizar la prueba t de Student se encontraron diferencias significativas en las variables de legitimidad, disuasión e inteligencia emocional entre la muestra de personas recluidas y la muestra control, y, mediante el tamaño del efecto, se identificó que la legitimidad presentó un efecto moderadamente pequeño, lo que puede explicar que el grupo control puntúe más alto que el 66 % aproximado de participantes del grupo delictivo. Esto podría reflejar que el grupo en reclusión puede percibir que las autoridades carecen de eficacia y de validez para ejercer el poder, en contraste con lo identificado en el grupo control. Lo anterior muestra consistencia con la investigación de Trinkner et al. (2017), donde se encuentra que los individuos tienden a alejarse de cumplir las normas al percibir una nula legitimidad por parte de las autoridades.

Sobre la disuasión, se encontró un efecto moderado, es decir, que el grupo control puntúa más alto que el 73 % aproximado de los participantes del grupo delictivo. Lo anterior muestra que el grupo delictivo percibe una menor posibilidad de recibir alguna sanción ante sus infracciones, a diferencia del grupo control. Esto es congruente con la teoría de la disuasión, según la cual los individuos con una mayor percepción de probabilidad de ser sancionados tienen más miedo a ser castigados y, como consecuencia, evitan involucrarse en comportamientos delictivos (Apel, 2013; Nagin, 2013; Paternoster, 2010; Piquero et al., 2012).

Por otra parte, la inteligencia emocional presentó un efecto moderado, es decir, que el grupo control puntúa más alto que el 69 % aproximado del grupo delictivo. Por tanto, se puede apreciar, en el grupo delictivo, la falta de competencias emocionales para comprender las consecuencias que trae consigo la realización de conductas antisociales. Lo anterior es consistente con las investigaciones previamente mencionadas, donde se encuentra que la inteligencia emocional es fundamental en la reducción del comportamiento disruptivo, ya que, si el individuo no cuenta con las competencias emocionales adecuadas, será más probable que realice conductas antisociales (Peláez et al., 2014; Visser et al., 2010).

Estos hallazgos podrían indicar que, cuando un individuo llega a poseer un desarrollo apropiado de sus competencias emocionales, puede tener el desenvolvimiento de sus emociones acorde al riesgo que conlleva involucrarse en conductas antisociales ante la certidumbre de recibir —por parte de las autoridades— una sanción pertinente a dicho acto delictivo. En este mismo sentido, los resultados del análisis de regresión logística podrían mostrar que, a mayor inteligencia emocional, mayor percepción de probabilidad de recibir sanción, a la vez que, a mayor percepción de legitimidad, menor probabilidad de cometer conductas antisociales. Ahora bien, con respecto al exponente multivariado, se identificó que la probabilidad de recibir sanción infiere una mayor reducción de cometer conductas antisociales, seguido de la percepción de legitimidad y la inteligencia emocional, lo cual confirma los hallazgos e implicaciones provenientes de los estadísticos de la t de Student y el tamaño del efecto.

Por otra parte, los resultados del modelo de ecuaciones estructurales propuesto ponen en discusión los hallazgos encontrados en la revisión literaria, ya que el modelo resultó contrario a las evidencias previas que identificaron una correlación negativa entre la inteligencia emocional y el comportamiento antisocial (Peláez et al., 2014; Visser et al., 2010).

En nuestro caso, la inteligencia emocional no tuvo un efecto directo con el comportamiento antisocial, lo cual quiere decir que la presencia de competencias emocionales es insuficiente para controlar el comportamiento antisocial. Al parecer, se requiere contemplar aspectos adicionales que contribuyan a que la inteligencia emocional sea un factor importante en la reducción de conductas antisociales.

Ahora bien, es importante resaltar que la teoría de la inteligencia emocional de Mayer y Salovey (1997) se enfoca solo en las competencias emocionales, y que hay modelos mixtos que contienen una combinación de constructos de habilidades, rasgos de personalidad, componentes motivacionales y habilidades de comportamiento evaluadas, comúnmente, por inventarios de autorreporte (Weis, 2008). Un ejemplo es el modelo de Bar-On (Bar-On et al., 2003), que define la inteligencia emocional por medio de cinco habilidades —habilidades interpersonales, intrapersonales, de adaptabilidad, de manejo del estrés y estado del ánimo general—, no obstante, dicho modelo ha sido cuestionado por ser exageradamente inclusivo (Serrano, 2017).

Adicionalmente, investigaciones como la de Grieve y Panebianco (2013) y la de Hyde y Grieve (2014) encontraron que varones con alta inteligencia emocional presentaron mayor probabilidad de delinquir y cometer conductas antisociales, así como de manipular a otros para conseguir la comisión de determinado delito. Por tanto, la orientación de la inteligencia emocional parece depender de otras predisposiciones y competencias latentes del individuo (Davis & Nichols, 2016).

Otro aspecto por discutir sobre la inteligencia emocional es que la variable de atención emocional no alcanzó un peso factorial significativo. En su estudio, Fiori et al. (2014) cuestionan la medición y el nivel de precisión de los instrumentos que miden la inteligencia emocional, específicamente el MSCEIT, debido a que encontraron —en este instrumento— que la atención emocional funge prácticamente para referir que los individuos obtienen puntajes altos para —irónicamente— identificar solamente la presencia de "ninguna emoción". Inclusive, diversos estudios (Fiori & Antonakis, 2012; Maul, 2012; Roberts et al., 2006) no consiguieron encontrar una asociación entre las escalas del MSCEIT y el tratamiento de información emocional, lo cual da cuenta de que los instrumentos actuales que miden la inteligencia emocional solo identifican la inteligencia cristalizada —capacidad de uso del conocimiento y aprendizaje adquirido—.

Ahora bien, de acuerdo con lo esperado, la disuasión tuvo un efecto directo negativo en el comportamiento antisocial, es decir, que la probabilidad de recibir castigo influye en la disminución del comportamiento antisocial. Esto implica que los sujetos que perciben una alta probabilidad de recibir sanción por sus conductas antisociales evitan cometer dichas conductas. A este respecto, Apel (2013), Nagin (2013), Paternoster (2010) y Piquero et al. (2012) confirman que la certeza del castigo es el elemento disuasivo más convincente y efectivo para reducir la presencia del comportamiento antisocial. De hecho, la inteligencia emocional tuvo un efecto directo positivo con la percepción de probabilidad de recibir castigo, por lo cual se puede afirmar que las competencias emocionales influyen en el temor a recibir castigo.

Por último y, diferente a lo esperado, la legitimidad no tuvo un efecto directo con el comportamiento delictivo, ni con la inteligencia emocional, ni con el temor al castigo; hallazgos consistentes con la teoría de la neutralización, la cual sostiene que los delincuentes actúan en un entorno donde imperan las normas de oposición al sistema establecido para una sociedad considerada "decente". Por ello, se puede afirmar que los delincuentes son conscientes de los valores convencionales, que comprenden que sus actos son indebidos, y que, por tanto, generan una excusa para aminorar los sentimientos de miedo, vergüenza y culpa previo a la realización del acto que viola las normas sociales (Sykes & Matza, 2018; Topalli, 2005; Zuber et al., 2016).

Otra teoría con la que se encuentra consistencia es la teoría de la desvinculación moral (Bandura, 1999; 2002; Hyde et al., 2010), definida como el conjunto de procesos sociocognitivos que originan la comisión de conductas antisociales o delictivas consideradas como "justificables moralmente" mediante la reinterpretación de la conducta, la distorsión de la responsabilidad social, la reducción del impacto negativo y el responsabilizar o deshumanizar a la víctima de las conductas antisociales.

Un aspecto final por discutir sobre la legitimidad es que el cinismo legal y el cinismo sobre las leyes no alcanzaron un peso factorial significativo. A pesar de que existen investigaciones que incluyen el cinismo sobre la ley (Sunshine & Tyler, 2003; Tyler & Huo, 2002) y el cinismo legal (Tyler & Jackson, 2013) como componentes de la legitimidad, también es posible encontrar investigaciones, como las de Fagan y Piquero (2007) y Trinkner y Cohn (2014), que abordan a la legitimidad, el cinismo legal y el cinismo sobre las leyes como constructos separados que forman un concepto más complejo denominado "socialización legal". Como se puede inferir, los resultados están más apegados a esta hipótesis de que son parte de otro constructo.

Finalmente, el modelo explicó el 21 % de la varianza del comportamiento antisocial, es decir, un poco más de una quinta parte de la varianza, representada por los factores de inteligencia emocional y disuasión; de manera que resulta fundamental incluir variables adicionales en este modelo para aumentar su valor explicativo sobre el comportamiento antisocial.

A partir de lo anterior, se puede concluir que las variables de la inteligencia emocional y la disuasión sí influyen en el comportamiento antisocial, ya que, como se pudo observar, al intentar identificar relaciones entre estas sobre el comportamiento antisocial, se encontró que únicamente la relación entre la inteligencia emocional y la disuasión influyó en el comportamiento antisocial.

Cabe mencionar que una de las limitaciones del presente estudio fue que el número de participantes se vio restringido por circunstancias imprevistas y ajenas al procedimiento metodológico de la investigación. Como recomendaciones para investigaciones futuras, primero estaría aumentar la muestra de estudio para dar mayor magnitud a futuros resultados generados (Cárdenas & Arancibia, 2016). También se podría integrar variables que no estuvieron contempladas en el presente trabajo, pero que están relacionadas en la percepción de legitimidad y que carecen de abordaje en México, como, por ejemplo, (a) la justicia distributiva, que relaciona las evaluaciones de legitimidad con la de los ciudadanos sobre si la policía asigna los servicios y los resultados por igual, independientemente de las diferencias individuales como la raza o la posición socioeconómica (Tyler, 2003); y (b) la norma social —pérdida de respeto de personas socialmente valiosas, como amistades o conocidos— y la norma personal, identificadas como variables relacionadas con la legitimidad de las normas, así como con la disuasión y la conducta antisocial (Frías et al., 2009; Wenzel, 2004).

Referencias

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